TRIBUNAL DE VALDIVIA DECLARA: HAY “CONTRATO” LABORAL ENTRE EJERCITO Y MILITARES Y HA DE APLICARSE JUICIO DE DESAFUERO MATERNAL Y TUTELA POR ACOSO.

TRIBUNAL DE VALDIVIA DECLARA: HAY “CONTRATO” LABORAL ENTRE EJERCITO Y MILITARES Y HA DE APLICARSE JUICIO DE DESAFUERO MATERNAL Y TUTELA POR ACOSO.

TUTELA LABORAL EJERCITO

No advirtiéndose  que el Estatuto Administrativo contenga normas que regulen un procedimiento jurisdiccional especial para conocer y resolver denuncias de vulneración de derechos fundamentales que afecten a los funcionarios del ejército en el ámbito de la relación de trabajo, ya que el procedimiento especial de reclamo consagrado en el artículo 160 del Estatuto Administrativo, es un recurso de carácter administrativo que conoce la Contraloría General de la República, por vicios de legalidad que pudieren afectar los derechos conferidos a los funcionarios en dicho Estatuto. Lo anterior significa que el funcionario no tiene acceso a la jurisdicción, sino sólo a la revisión administrativa del órgano contralor, cuestión esencial que hace que ambos procedimientos no resulten homologables, sin perjuicio que, además, la materia objeto del reclamo administrativo se limita a los vicios o defectos de que pueda adolecer un acto administrativo, en circunstancias que el procedimiento de tutela laboral comprende cualquier acto ocurrido en la relación laboral que, como consecuencia del ejercicio de las facultades del empleador, implique una lesión en los derechos fundamentales del trabajador, en los capítulos que especifican los incisos 1° y 2° del artículo 485 del Código del Trabajo.

ANDREA IRENE OPAZO CUEVAS, Soldado de Tropa,Profesional, dedujo denuncia por vulneración de garantías fundamentales de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 486 del Código del Trabajo, en Procedimiento de Tutela Laboral , en contra del FISCO DE CHILE -EJERCITO DE CHILE

Que se discutió en juicio tanto la aplicación del procedimiento de Tutela Laboral, así como la caducidad del plazo para demandar, esto es si la denuncia fue interpuesta dentro del plazo contemplado por el Código de Trabajo.

Que fue un hecho controvertido si la funcionaria fue “separada” de su trabajo y en que época, ya que la demandante expresa que no existe una resolución por parte del organismo competente que determine el fin del vínculo que la une con el ejército lo que no se ha materializado. En cambio la demandada expresa, que la separación se produjo en septiembre de 2014 específicamente con la notificación de la baja, por lo que se encuentra claramente caduca la acción.

Que el tribunal de acuerdo a la documental vertida en juicio, concluyó que hubo separación efectiva de la actora del Ejército de Chile, específicamente de su trabajo en el centro clínico, ya que no solo consta el plazo de duración de 5 años y por tanto la expiración de sus funciones por el solo ministerio de la ley, lo que era conocido por la demandante constando la resolución de nombramiento a contar del 01 de julio de 2009, funciones que desempeñaría hasta el 30 de junio de 2014; a su vez, consta notificación personal de la baja del ejercito de la demandante con fecha 08 de septiembre de 2014 por lo que tuvo conocimiento de su separación debiendo haberse presentada la denuncia dentro del plazo de 60 días lo que no se produjo por haberse impetrado con fecha 25 de noviembre de de 2015, es decir más de un año después de ocurrido la presunta vulneración.

Sostiene el Tribunal: “Que sin perjuicio de lo anterior y a mayor abundamiento, no consta en autos ningún actuar contrario a derechos fundamentales de parte del ejército, ya que este utilizó los mecanismos legales consistente en requerir un dictamen a la Contraloría para verificar si debía o no mantener a la demandante en las filas, la que en forma errada a juicio de este Juez arribó a una conclusión sobre la no aplicación de las normas legales sobre protección a la maternidad, atentando con tal dictamen en contra de legislación nacional e internacional y principios básicos que rigen la materia, efectuando una interpretación arcaica y kelseniana de la ley la que se encuentra en decadencia, pero obligatoria para el ejército, comportándose de buena fe incluso con la demandante para que no debiera reintegrar los montos pagados a título de remuneración. Por lo expuesto, sin perjuicio del actuar de buena fe del ejército, tratándose para fines laborales de un “contrato” el vínculo que unía al ejercito con la actora, debió la primera haber promovido el procedimiento de desafuero, al tratarse de una “relación laboral” a plazo fijo, lo que no ocurrió por el desacierto de la Contraloría lo que puede ser subsanado mediante el ejercicio correcto de las acciones ante los tribunales de justicia al no empecerle la jurisprudencia administrativa al Poder Judicial.

Se acogió excepción de caducidad y no se dio lugar a la demanda, la cual fue elevada a la Corte de Apelaciones en Recurso de Nulidad.

SENTENCIA JUZGADO DE LETRAS DE VALDIVIA

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